Romero, el “arrepentido” de comprarle un decreto a CFK

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El juez Claudio Bonadio convalidó este jueves la incorporación del dueño de Emepa como “imputado colaborador”. Según su testimonio, la empresa pagó sobornos para que, por decreto, le concedieran mejoras en las condiciones de explotación de la Hidrovía, que tiene en concesión.

El empresario Gabriel Romero (Emepa) se convirtió en el nuevo “arrepentido” de la causa derivada de las revelaciones de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno.

Uno de los datos más apabullantes de la declaración que brindó el empresario ante la Justicia fue la confesión de que la empresa pagó sobornos para que, por decreto, le concedieran mejoras en las condiciones de explotación de la Hidrovía, de la que Emepa tiene la concesión.

Romero declaró el martes ante el juez Carlos Stornelli. Este jueves volvió a hacerlo y el juez Claudio Bonadio homologó el acuerdo para que el empresario se convirtiera en “imputado colaborador”, como ya lo han hecho otros hombres de negocios en el marco de esta causa.

De acuerdo a infobae.com, Romero admitió que hizo 2 pagos al gobierno de Cristina Fernández en el años 2010: uno un día antes que se publicara el decreto 113/2010 por el que se renegociaron las condiciones del contrato de explotación de la Hidrovía; el otro se produjo semanas después.

A partir de ese decreto el Estado le extendió en el tiempo la concesión del cobro de peajes por el río a la firma Hidrovía S.A. y le permitió ampliar la traza de la vía navegable más importante de la región.Por su parte, la empresa se comprometía a modernizar el sistema de señalización y el dragado.

Romero se presentó el martes por la noche ante el fiscal Stornelli, y ofreció ser imputado colaborador. Un directivo de su firma, Rodolfo Poblete, fue excarcelado este jueves tras la confesión de su jefe.

Los empresarios están acusados de ser partícipes necesarios de una asociación ilícita destinada al cobro de sobornos por más de US$200 millones.

El dueño del grupo Emepa realizó aportes de información respecto a sus negocios con el Estado “en qué condiciones de realizaban, cómo era el proceso, y qué exigencias financieras se imponían”, indicaron fuentes judiciales a clarín.com.

Hace 2 días el ejecutivo pidió ser imputado colaborador en la causa donde se investiga al menos a 23 compañías como responsables de realizar un “sinnúmero de pagos de fondos ilegales” al gobierno kirchnerista.

Para lograr la homologación que lo convirtió en otro de los empresarios “arrepentidos”, Romero tuvo aportar información vinculada a Hidrovía y al área transporte donde obtuvo concesiones, según informó ese mismo medio.

Hasta ahora, quienes se acogieron a la figura del imputado colaborador son el primo presidencial Ángelo Calcaterra (ex dueño de Iecsa), Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa), Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), Héctor Zabaleta (ex director de Techint), Armando Loson (Albanesi), Jorge Neyra (Electroingeniería), Claudio Glazman (Soc. Latinoamericana), Carlos Wagner (Esuco) y Aldo Roggio, Juan Chediak, Gabriel Romero (Grupo Romero).
URG24 JM

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